En medio del rechazo al impuesto que grava las compras por internet inferiores a US$200 entre ciudadanos de clase media, la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) respaldó ayer la medida impuesta por la Dirección General de Aduanas (DGA).La presidenta y la directora ejecutiva de la AIRD, Ligia Bonetti y Circe Almánzar, respectivamente, insistieron en la necesidad de que todo tipo de mercancía importada, sea a través de internet u otras vías, paguen impuestos para evitar con ello, distorsiones y competencia desleal en el mercado.
Durante un encuentro con una delegación de la cúpula industrial de Centroamérica, las dirigentes empresariales recordaron que esa entidad ha mantenido una postura contraria a cualquier mecanismo que contribuya a la competencia desigual en las actividades comerciales e industriales en el país.
“La Asociación de Industrias siempre ha manifestado su rechazo a toda actividad que genere competencia desleal; la carga fiscal debe primar en todas las actividades comerciales que hay en la República Dominicana y demás países, expresó Ligia Bonetti.
Insistió en que deben gravarse las compras que realizan particulares a través de internet, “y entendemos que eso no debe ir en detrimento de la actividad de comercio que puedan existir en nuestras aduanas y en nuestros diferentes países”.
No importa si viola DR-CAFTA
Mientras que Circe Almánzar consideró que lo más importante no es tratar de establecer si la disposición de Aduanas violaría o no el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, sino que haya equidad en todas las actividades comerciales e industriales a fin de evitar que haya desigualdad.
El establecimiento del gravamen también ha sido respaldado por representantes de otros núcleos empresariales, industriales y del comercio, quienes coinciden que con ello se da al traste con la competencia desigual y se evita que muchos comercios pierdan mercado y por ende ir a la quiebra.
Recientemente la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) aseguró que el sector comercial formal podría perder unos 100 mil empleos en los próximos tres años por las distorsiones que crea la exención de pago de impuestos a ese tipo de compras.
Pro Consumidor no fija postura
Ayer la directora del Instituto de Protección al Consumidor (Pro Consumidor), Altagracia Paulino, dijo que el Consejo rector de esa institución todavía no se ha reunido para fijar una posición sobre el particular.
Expresó que aunque tiene su visión personal sobre el tema, es preciso que el órgano rector, compuesto por representantes de varios sectores, incluyendo el sector empresarial, se reúna. Dijo que hay que esperar a que se desarrollen los acontecimientos, y citando al empresario Pepín Corripio, expresó que el gobierno debe sopesar y hallar el equilibrio entre el interés del Estado y el de la población. “Hay que ver quien viola qué”, sostuvo Paulino al término de una rueda de prensa en la sede de esa institución.
Hoy la Fundación Justicia y Transparencia anunciará cuándo depositará una acción de amparo preventivo por ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de la medida.
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