En un informe informe sobre la situación de la prensa en Republica Dominicana presentado ante la 67 Asamblea General de la SIP reunida del 14 al 18 octubre, en Lima, Perú, Franjul consideró, empero, que las demostraciones de abusos e intolerancia contra la prensa provienen mayormente de ciudadanos civiles y no del gobierno como tal.
A continuación el texto del informe presentado por Miguel Franjul ante la Asamblea General de la SIP.
El secuestro y asesinato de un editor de revista y productor de televisión, en agosto, y varios casos deamenazas e interferencias al trabajo de los periodistas han empañado el clima de libertad de prensa que ha venido predominando en la República Dominicana en los últimos años.
El 2 de agosto, individuos armados que luego fueron identificados como miembros del llamado “Cartel del Este” de las drogas, secuestraron y ejecutaron a balazos al periodista José Agustín Silvestre, editor de laRevista La Voz de la Verdad, que se publicaba en La Romana, en un hecho que se atribuyó a la lucha entre dos grupos que se disputan el control del narcotráfico en esa zona del país.
Las autoridades esclarecieron con prontitud ese crimen, apresando a los autores materiales e identificando como Matías Avelino Castro al presunto autor intelectual, quien todavía se encuentra prófugo.
El periodista José Silvestre se caracterizó por sus denuncias sobre las operaciones de los narcotraficantes en la zona Este del país y justamente en las vísperas había anunciado que daría a conocer en la próxima edición de su revista a los presuntos culpables de un doble asesinato ocurrido en La Romana.
El Ministerio Público informó que esta persona recibía dinero de narcotraficantes.
Semanas antes, el comunicador había sido encarcelado por orden de un tribunal que conocía una demanda por difamación e injuria que contra él había interpuesto el fiscal de La Romana, a quien le imputó estar en contubernio con gentes ligadas al tráfico ilícito de drogas.
La SIP condenó de inmediato, de manera enérgica, este crimen y pidió su esclarecimiento.
De los cinco detenidos, uno murió recientemente en la cárcel en circunstancias que hasta el momento de este informe no han sido aclaradas.
En septiembre, un tribunal dominicano falló una causa de amparo a favor de la investigadora periodística Nuria Piera, ordenando al actual Superintendente de Seguros y alto dirigente del partido de gobierno, Euclides Gutiérrez Félix, que se abstuviera de proseguir un intento por someterla ante la justicia, junto a lasempresas comerciales que patrocinan su programa, bajo la acusación de difamación e injuria.
El tribunal ordenó al funcionario que se disculpara ante los anunciantes por el acto de intimación que interpuso contra ellos, ya que en ninguna ley vigente se reconoce el principio de la complicidad o solidaridad de terceros por delitos de este tipo.
El caso, sin embargo, abrió un amplio debate sobre la libertad de prensa, a partir de la denuncia formal de un numeroso grupo de periodistas en el sentido de que altos funcionarios del Gobierno estaban presionando a distintos medios de comunicación para impedir que se publicaran críticas contra distintas decisiones gubernamentales.
No obstante, los principales diarios editorializaron sobre el tema, negando esas presiones y certificando la existencia de un clima de respeto general a la libertad de prensa en el país.
En nuestro informe ante la asamblea de medio año celebrada en San Diego, California, dimos cuenta de las quejas de varios periodistas independientes que enfrentaron amenazas o interferencias por parte de ciudadanos y de algunos agentes de la Policía mientras cumplían sus obligaciones en la cobertura de juicios, en protestas populares o en otras actividades públicas.
Tal es el caso de un equipo de prensa de la cadena de noticias CDN que fue perseguido por dos policías que amenazaban con disparar sus armas luego de ser filmados violando una norma de tránsito.
Los agentes llegaron hasta las propias puertas del canal de televisión, pero no materializaron susamenazas de muerte.
Estas demostraciones de abusos e intolerancia, que provienen mayormente de ciudadanos civiles, no directamente del Gobierno como tal, reflejan los riesgos a que se exponen regularmente los periodistas dominicanos, pero de ningún modo pueden atribuirse a la existencia de algún plan concreto o sistemático para afectar el clima general de libertad de que disfrutamos.
Entretanto, los medios de comunicación siguen a la espera de que el Congreso Nacional aborde el conocimiento de al menos cinco nuevos códigos sobre las comunicaciones y probables enmiendas a la Ley de Acceso a la Información Pública que podrían afectar el nivel de restricciones a informaciones o datos que se consideran de seguridad nacional.
Miguel Franjul
Director Listín Diario Y Vicepresidente Regional Rep. Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa.
Fuente: enteraterd.com
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