SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Ante la denuncia de la presencia posibles capos rusos en la región Este del país, el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, informó este miércoles que las autoridades del Ministerio Público investigarán esa versión para determinar su veracidad.
“Nosotros recavaríamos informaciones con las autoridades de la federación rusa y para determinar si este tipo de organización criminal está aposentada en la parte Este tal y como se denunció”, explicó Jiménez Peña.
Según el jefe del Ministerio Público, en los próximos meses el país firmará un acuerdo de cooperación jurídica internacional con Rusia, en donde se intercambiarían informaciones con dicha nación para detectar la supuesta presencia de dicha red criminal.
“La Procuraduría General de la República en los próximos meses se avoca a firmar un acuerdo de cooperación jurídica internacional con la Federación Rusa, entonces si hay vínculos nosotros recabaríamos informaciones para determinar si este tipo de organización criminal está en la parte Este”, indicó.
Según publicó un diario de circulación nacional las inversiones rusas están presentes en Corales de Punta Cana y en Cap Cana, cuyo complejo ha participado con una delegación del país en el denominado "Safari Ruso - Español", organizado por el Ministerio de Turismo, considerado uno de los eventos de máxima proyección turística del sector inmobiliario en las ciudades de San Petersburgo, en Rusia, y Barcelona, en España.
Censo penitenciario
Las Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la Oficina Nacional de la Defensoría Pública y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de Justicia anunciaron este miércoles que se realizará un censo penitenciario en las 35 cárceles del país.
El Censo se realizará del 5 al 17 de mayo, que tendrá 150 facilitadores en los 35 centros penitenciarios, de los cuales 13 pertenecen al Nuevo Modelo Penitenciario y 22 al modelo tradicional.
La población penitenciaria actualmente cuenta aproximadamente con 21 mil internos y el estudio se realizará con la finalidad de levantar información de las características y las condiciones de los centros penitenciarios para la elaboración de una política criminal que integre la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.
El estudio será realizado por la empresa Newlink Resaerch y tendrá un costo aproximado de 80 mil dólares, financiado por las instituciones Finjus, el Comisionado de Modernización a la Justicia y la Defensoría Pública.
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