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lunes, 11 de julio de 2011

La sociedad pidió la lucha contra la delincuencia organizada: Poiré


CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — El presidente de México, Felipe Calderón, no tomó solo la decisión de emprender la actual lucha contra la delincuencia y la violencia que libra el país sino que ésta fue el resultado del reclamo de autoridades y sociedad civil, aseguró este lunes el vocero de seguridad del gobierno federal, Alejandro Poiré.
"Es una falacia que el presidente de México haya actuado solo en la decisión de emprender la lucha por la seguridad", sostuvo.
"Esta no es una lucha de una sola persona, ni de una sola autoridad, ni de una sola institución. Es una lucha necesaria del Estado y reclamada por la sociedad", añadió.
El vocero publicó en su blog un texto en el que explica lo que, a consideración del Gobierno federal, es el sexto de 10 mitos sobre la Estrategia Nacional de Seguridad, que ha dejado al menos 34,612 muertos en hechos violentos desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006, según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR). El sexto mito se titula "Esta lucha es solamente del presidente Calderón".
"Además de la población, fueron las propias autoridades locales las que pidieron –lo siguen haciendo– la presencia decidida de la fuerza federal para combatir a la criminalidad", aseguró Poiré.
El vocero dijo que cuando Calderón fue dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), legislador federal, secretario de Estado, precandidato a la Presidencia y candidato, recibió múltiples reclamos para combatir el aumento de la violencia reflejada en secuestros, extorsiones y homicidios.
El ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, fue uno de los que pidió a Calderón el apoyo de fuerzas federales para enfrentar a la delincuencia en ese estado, recordó.
Michoacán es una de las entidades más afectadas por la violencia; en él operan los grupos criminales La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios. Este fin de semana la Policía Federal envió 1,800 agentes para reforzar la seguridad en él.
Poiré también destacó que la actual política en materia de seguridad de Calderón no es nueva sino que ya formaba parte de sus propuestas de campaña a la presidencia.
Explicó que el poder judicial y el poder legislativo firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad –el cual prevé acciones específicas para combatir la violencia y el crimen organizado– lo que los hace corresponsables del combate de la delincuencia organizada.
El vocero destacó que el Gobierno federal ha promovido el diálogo con la sociedad civil, lo que ha servido para emitir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como para preparar propuestas de reforma en materia de lavado de dinero, monitoreo ciudadano de acciones de autoridad en materia de seguridad y apoyo familiares de víctimas de la violencia.

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