MONTERREY, Nuevo León (CNNMéxico) — Eran pasadas las 10:00 horas del martes 7 de junio: ante la mirada de los conductores, hombres armados descendieron de dos autos, ataron de las manos a dos jóvenes, los colgaron de un puente y, mientras estaban suspendidos en el aire, comenzaron a dispararles. A pesar de todo, uno de los adolescentes sobrevivió.
Sucedió a plena luz del día, en el cruce de las avenidas Revolución y Chapultepec de Monterrey, la capital del norteño estado de Nuevo León que hace frontera con Texas, Estados Unidos.
Era la primera vez que los criminales usaban este método para asesinar en esta ciudad desde que la violencia comenzó a crecer a principios de 2010. A sólo tres días de este suceso habían aparecido los cadáveres de dos hombres más, sujetos al barandal de otro puente peatonal sobre la transitada avenida Gonzalitos, uno de ellos con una pierna amputada.
En ese mismo puente, el 31 de diciembre de 2010, colgaron a la líder de una banda de secuestradores, Gabriela Elizabeth Muñiz Tamez, apodada La Pelirroja, detenida en 2009 y posteriormente secuestrada por un grupo de hombres armados cuando era llevada a recibir atención médica del penal del Topo Chico.
En el reciente caso, los paramédicos de la Cruz Verde intentaron rescatar al sobreviviente, pero un hombre llegó al lugar y disparó con un rifle para impedir el rescate. Militares, policías federales y agentes estatales arribaron para apoyar a los socorristas, entonces lograron recuperar a las víctimas, de acuerdo con la versión oficial.
Un tercer hombre yacía en el asfalto de la avenida. Herido con arma de fuego en una de las rodillas, el menor de edad que salvó la vida tenía visibles signos de tortura y un mensaje dirigido a una banda del crimen organizado pendía de su cuerpo.
Al joven todavía le falta sobrevivir a la Justicia. El área de comunicación de la Procuraduría estatal informa que fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, pero en una rueda de prensa convocada por el procurador, Adrián de la Garza Santos, la noche de este jueves, mencionó que desconocía "la situación jurídica en que fue puesto a la autoridad federal".
Las heridas del sobreviviente, internado en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), no pusieron en riesgo su vida, pero tardarían al menos cinco días en sanar.
Por el momento, el joven permanece bajo custodia en el área hospitalaria dedicada a internos relacionados con el crimen organizado, resguardado por dos pelotones del Ejército. En la red social Twitter, se popularizó la tendencia social #colgados, donde se va sumando la información de temas similares.
Este tipo de falta de claridad es peligrosa, advierte la directora de la organización local Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Consuelo Morales, porque se han presentado casos de jóvenes que, una vez puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR, la fiscalía federal), desaparecen sin dejar rastro.
La delegación de la PGR en Nuevo León no contestó las llamadas que se realizaron en el transcurso del día.
Los adolescentes en la delincuencia
Desde principios de 2010, en Nuevo León se han presentado casos demenores involucrados en delitos de alto impacto, como el joven de 15 años detenido en febrero, quien supuestamente lideraba una banda de asaltantes de negocios del área metropolitana de Monterrey.
“Esto muestra la limitada gama de oportunidades para estos jóvenes, que prefieren satisfacción breve, pero inmediata, de satisfactores que para ellos pueden ser importantes, tales como dinero rápido, emoción y drogas”, dice el psicólogo social y presidente de la Asociación de Psicólogos Profesionales de Nuevo León, Jesús Castillo López
El vocero de seguridad en la entidad, Jorge Domene Zambrano, anunció que el 40% de los detenidos en marzo tenían 18 años o menos. Tanto en Nuevo León, como en Tamaulipas y Chihuahua, otras entidades del norte del país afectadas por la violencia, las sentencias a menores se han multiplicado.
“La desesperación los hace tomar este tipo de decisiones”, recalca Castillo López, “en el corto plazo pasarán a formar parte de los adultos jóvenes y/o maduros que desafortunadamente no tendrán una cultura de trabajo y productividad y van a generar costos a la sociedad”.
La victimización de esta población también se ha disparado. Por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) tiene registradas 48 víctimas en 2010 de entre 16 y 20 años, casi el 19% más que en 2009. Por ese motivo, el organismo emitió ese año tres recomendaciones al Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores, ubicado en Monterrey.
En otras partes de México se replica este fenómeno. En diciembre de 2010 fue detenido en el céntrico estado de Morelos un menor de 14 años acusado de trabajar al servicio del cártel del Pacífico Sur (CPS), quien confesó ante medios haber degollado a cuatro personas.
La Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes indica que un adolescente es toda persona mayor de 12 años y menor de 18, y un niño es aquel que tiene menos de 12. En este marco se establece que las sanciones no excederán los seis años si el joven tiene entre 14 y 16, y ocho si tiene entre 16 y 18.
Fuente: mexico.cnn.com
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