(CNNMéxico) — Al menos 27 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México entre enero de 2005 y mayo de 2011, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En los asesinatos de algunos de esos defensores, las autoridades de distintos niveles de gobierno incurrieron en omisiones, “al no garantizar una debida protección de sus derechos a la vida, integridad y seguridad personal, no obstante que tenían conocimiento del peligro inminente al que estaban expuestos”, señala en documento.
El texto —titulado El derecho a defender. Informe especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México— documenta las violaciones que sufren los defensores de derechos humanos en su labor, al tiempo que busca “promover la toma de conciencia respecto del tema” y exige a las autoridades proteger a estas personas.
La CNDH, por ejemplo, señala que en el mismo periodo registró ocho casos de presuntas desapariciones forzadas, en los que defensores de derechos humanos fueron “sustraídos de sus domicilios y vehículos” o “abordados en la vía pública, sin que a la fecha se conozca su paradero”.
Una desaparición forzada, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se produce cuando una persona es privada de su libertad arbitrariamente por algún funcionario del Estado, como policías o militares.
En su informe, la CNDH —organismo autónomo del gobierno mexicano— señala que en cinco años con cinco meses abrió 523 expedientes por presuntas violaciones contra defensores de derechos humanos.
Los abusos que sufren con mayor frecuencia son amenazas, actos intimidatorios, agresiones, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, uso indebido de la fuerza o mala atención de parte de servidores públicos.
En tanto, las comisiones estatales de derechos humanos recibieron en ese periodo 363 quejas por presuntas violaciones contra defensores. Las entidades que registraron más casos fueron Jalisco, con 97; Distrito Federal, con 46; Chiapas, con 44; Oaxaca, con 36; Chihuahua, con 28, y Puebla, con 27.
En su parte final, el informe emite una serie de recomendaciones a los gobiernos federal y estatales para evitar los abusos contra defensores de derechos humanos. Entre ellas están realizar una campaña de educación entre servidores públicos para desterrar malos tratos o capacitar a las fuerzas de seguridad para que permitan a los defensores llevar a cabo su labor “sin resultar víctimas de injerencias arbitrarias en su persona, domicilio o propiedades”.
La difusión del documento se produjo el mismo día que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, aseguró en una visita a México que las autoridades no deben ver los derechos humanos como un obstáculo para combatir al crimen, sino como una herramienta para atacar a la delincuencia.
Pillay también advirtió que las medidas tomadas por el gobierno federal para enfrentar a la delincuencia —como recurrir al Ejército y la Marina— deben ser “excepcionales y limitadas en el tiempo”.
El gobierno de México publicó este jueves un acuerdo que estipula que la Secretaría de Gobernación (Segob) deberá definir medidas para que dependencias federales protejan a defensores de derechos humanos, “ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad”.
Fuente: mexico.cnn.com
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