SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Cámara Tributaria, Contenciosa y Administrativa de la Suprema Corte se reservó este miércoles el fallo del recurso de casación interpuesto por organizaciones que conforman parte del movimiento, así como por 1,265 accionantes contra el rechazo al recurso de amparo mediante el cual se solicitó el cumplimiento de la Ley de Educación por parte del Congreso Nacional.
La Coalición Educación Digna, expresa que todavía recurren a la justicia porque confían en que deben existir jueces que puedan decidir justamente y no cercenen el derecho de nuestros niños y niñas a una mejor educación.
“Si en República Dominicana no encontramos justicia tendremos que recurrir a tribunales internacionales que sean justos, pero justicia hallaremos”, responden.
La Coalición estuvo representada en audiencia por los Licenciados Luis R. Pellerano P., Luis Rafael Pellerano, Elizabeth Mateo Pérez y Mildred Abreu Hernández.
De acuerdo con la Coalición Educación Digna: “la sentencia de amparo No. 147-2010, emitida el 14 de diciembre del 2010 por el Tribunal Superior Administrativo, carece de motivación razonable y no se refirió a ninguno de los puntos que se solicitaron en el Recurso de Amparo, viola los artículos 6, 8, 63 ordinal 10, 69 y 74 ordinal 4 de la Constitución; el artículo 2 ordinal 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; así como viola Artículo 23 de la Ley de Amparo y el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil”
La sentencia sólo se refiere al derecho a la inversión del 4%, sin embargo no hace referencia alguna a otros reclamos de la Acción de Amparo que fueron externados por los abogados: 1) violación al derecho a la educación, 2) el derecho a la igualdad, 3) el derecho al libre desarrollo de la personalidad, 4) el derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, y 5) el derecho a una vida digna, omitiendo fallar sobre todos los puntos presentados por la Coalición Educación Digna. Adicionalmente la sentencia 147-2010 es violatoria a la obligación de no regresividad del Estado Dominicano, al reducir los niveles de protección legal del derecho a la educación y permitir una asignación presupuestaria para educación, en términos porcentuales, menor a las que se ha dado en el pasado.
Los abogados de la Coalición solicitan en el Recurso, que la Suprema Corte de Justicia case la Sentencia del Tribunal Superior Administrativo y subsane los errores que contiene la referida sentencia, en especial La obligación que tiene el Congreso Nacional y todos los poderes públicos de cumplir la Ley y la Constitución de la República, asimismo la potestad que tienen los Tribunales de la República para ordenar el cumplimiento de las Leyes que han emanado del mismo Congreso Nacional, especialmente una Ley que trata sobre un Derecho Fundamental, como la educación.
Fuente: noticiassin.com
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